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Austeridad dejará desprotegidos a víctimas de violencia

El recorte presupuestal del 75 por ciento, instruido por la Secretaria de Hacienda para toda la Administración Pública Federal, afectará gravemente las operaciones para la atención de víctimas, reveló la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez.

Aseguró que, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano de Gobierno, la comisión resentirá un impacto mayúsculo debido a entre otras circunstancias, no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado —desde el origen de la institución— de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing.

Señaló que pese a que argumentaron ante Hacienda que se encuentran en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto sobre actividad esencial, se determinó procedente la reducción de tres cuartas partes del gasto corriente para lo que resta del año, “sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.

Aparte de incumplir contratos y tener que pagar demandas, se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.

El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.

La reducción del 30 por ciento de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año.

Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica, entre otros muchos perjuicios que resultará para las personas necesitadas.

Pese a todo esto, “la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas”.

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