Encabezados por Miguel Ángel Ramírez González, un pequeño grupo de operadores de transporte público urbano, se presentaron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para solicitar el apoyo y orientación de su titular, Juan Antonio Renedo Dorantes, para mejorar sus condiciones de trabajo, pues afirman no hay las necesarias y su inconformidad les ha traído amenazas de algunos concesionarios del servicio.
Entrevistado a las puertas de ese organismo, indicó que los más de 200 operadores que afirma están inconformes, “están al cien”, aunque en el caso de los presidentes de las empresas o concesionarios “algunos han dicho que me voy a tener que enfrentar a ellos legalmente”.
-No ha habido acercamiento con los concesionarios; hasta ahorita van cuatro personas que han perdido su trabajo, pero estamos en la lucha para que más compañeros no sean bajados de la unidad, pierdan su empleo. Dos están “tapados” que ya volvieron a laboral.
Explicó que su presencia y solicitud de reunión con el presidente de la CEDH no es para presentar una queja, sino para exponerle el problema laboral que han tenido y pedir orientación y apoyo.
-El titular ya nos dirá si hubo o hay violación a nuestros derechos. En lo personal he tocado puertas para aclarar esta situación y no quede en un “dime y diretes” lo que ocurre. Somos un grupo de 200 compañeros, aproximadamente, cuya organización de este movimiento data de dos meses y hace un mes comenzó la presión de los directivos
Puntualizó el detonante de esta situación fue el desacuerdo de las condiciones laborales y el reparto de utilidades, nos obligaron a firmar y algunos compañeros fueron amenazados, que si no lo hacían, automáticamente les daban de baja.
-Firmaron por un reparto de utilidades que no recibieron, que jamás se ha recibido. Ni supimos cuánto era, la hoja estaba en blanco.