A efectuar este viernes su décima sesión del actual periodo de receso constitucional, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Campeche dio lectura a dos iniciativas, una para reformar el Reglamento Interior de la Contraloría Interna del Congreso, y otra para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal, ambos del Estado de Campeche, documentos que en su oportunidad serán dictaminados por la Permanente.
Promovida por el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración, la primera iniciativa destaca el interés normativo del Poder Legislativo, de mantener constantemente actualizada la reglamentación interna de uno de sus órganos técnicos de apoyo, proceso de actualización que forma parte de la agenda de trabajo implementada por la LXII Legislatura estatal, “cuyo compromiso es la estricta observancia de sus disposiciones de orden interno que permitan alcanzar adecuada eficiencia en su esfera administrativa y de control, entendida esta función como el proceso para determinar los trabajos que el Congreso lleva a cabo, valorando su correcta ejecución y de ser necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se realice de acuerdo a lo planeado y con apego a derecho”.
Se subraya en la exposición de motivos que esta dinámica “obedece al compromiso de estar a la vanguardia en los procesos de auditoría y control interno, que abonan al mejor desempeño de las funciones de cada una de las áreas que conforman la estructura operativa del Congreso del Estado, a fin de que se realicen con eficiencia en un marco de transparencia. Cabe señalar que el proceso de actualización que se propone tendrá repercusión en el 90% de las disposiciones que constituyen el Reglamento Interior de la Contraloría Interna, por lo que se propone, aunado a su reforma, su reproducción integral para efecto de dar certeza y seguridad jurídica a los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado y transparencia en el cumplimiento de sus funciones constitucionales ante la ciudadanía”.
En tanto que la segunda iniciativa, promovida por el Ejecutivo estatal, es para modificar el Código Penal del Estado de Campeche en la forma siguiente: Se reforma el Título Noveno denominado “Delitos contra la dignidad y el honor de las personas” del Libro Segundo denominado “Parte especial de los delitos y sus sanciones”; Se derogan el Capítulo II denominado “Calumnia” del Título Noveno denominado “Delitos contra la dignidad y el honor de las personas” del Libro Segundo denominado “Parte especial de los delitos y sus sanciones” y el artículo 249; todos del Código Penal del Estado de Campeche.
Se subraya en el documento que desde la publicación del Código Penal del Estado en vigor, dejaron de existir en nuestra Entidad los tipos penales de injurias y difamación, “sin embargo el actual Título Noveno del Libro Segundo del Código Penal hace referencia a los delitos contra el honor de las personas, específicamente el artículo 249, que describe al tipo penal de Calumnia, lo que hace necesaria su reforma y derogación, respectivamente, para que indirectamente se esté en posibilidad de proteger el derecho a la libre manifestación de ideas y directamente se evite el abuso del tipo penal descrito en la legislación estatal”.
Agrega que “es evidente que en el Estado de Campeche se debe proteger el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y evitar, en primera instancia, la coacción implícita a través de la utilización del derecho penal. Sin embargo, tampoco debe incumplir su obligación de proteger el derecho de terceros al respeto de su vida personal y privada, pues ambos derechos son inherentes al ser humano y deben ser suficientemente tutelados en un Estado democrático, pero para ello no es necesario ejercer su potestad punitiva, sino que es suficiente que se le permita al tercero demandar un resarcimiento del daño causado por la vía civil y así proteger ambos derechos sin lesionar autoritariamente su apropiado ejercicio”.
Por otra parte, al hacer referencia al honor de las personas “se describe una cualidad de carácter moral relacionado con la exigencia personal de cumplimiento de los deberes; la vida privada es la necesidad de intimidad, en la que una persona desarrolla los aspectos básicos de su personalidad sin injerencia de terceros; y por lo que respecta al derecho a la propia imagen, éste se define como la facultad que tiene un individuo de exigir que su imagen no sea reproducida por cualquier medio sin que exista su consentimiento. En sus propias definiciones se justifica que al afectarse estos derechos civiles, el resarcimiento del daño causado se reclame por la vía civil, pues la afectación es directa a individuos y no a una colectividad ni directamente al Estado, por lo que se justifica la eliminación de las sanciones penales”.
Ningún diputado hizo uso de la tribuna en el punto de asuntos generales.
Tras la declaratoria de apertura de la sesión fue leída la correspondencia enviada por los Congresos de los Estados de Oaxaca e Hidalgo, y por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
La próxima sesión será el miércoles 7 de septiembre, a las 12:00 horas, en la sala de juntas “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo.
