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No aprobar ley de educación antiaborto, pide Segob a NL

En vísperas que legisladores se preparen para modificar la ley sobre educación, la Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a los integrantes del Congreso de Nuevo León a velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes evitando aprobar reformas que promuevan valores considerados antiaborto en la enseñanza básica de los menores.

La dependencia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), advirtió que en su conjunto, las reformas que se podrían someter a discusión este jueves en el Congreso local posibilitan la pérdida de la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos al trasladar a las madres y los padres de familia un amplio veto sobre estos, a través de la figura de “pin parental”.

La reforma a la Constitución de Nuevo León prevé, entre otras cosas, una modificación al artículo tercero, párrafo noveno, para permitir a madres y padres tener un “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

La iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal sobre el “pin parental” establece que los padres, madres y tutores tendrán derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades, talleres y charlas “que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.

“Las reformas contravienen el Interés Superior de la Niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales e infringen la competencia federal sobre la materia”, precisa el comunicado de la Segob.

“Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Conapo y la Secretaría Ejecutiva del Sipinna nacional, hacen un llamado respetuoso y enérgico a las y los legisladores del estado de Nuevo León a asumir su responsabilidad pública como legisladores salvaguardando los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de sus creencias como padres y madres, velando por el Interés Superior de la Niñez reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

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