Luego de que la jueza federal Leonie Brinkema ordenó la inspección el mes pasado de un centro de detención para migrantes, un especialista recomendó la liberación de detenidos que corran mayor riesgo de enfermar gravemente. Se encontraron deficiencias en las revisiones médicas del lugar.
Tras la demanda interpuesta de varios detenidos con ayuda de grupos activistas, Brinkema responsabilizó al complejo de detención en Farmville por un brote que afectó a más del 90% de los casi 300 detenidos, incluida una persona de 72 años que falleció.
El experto, Homer Venters, inspeccionó el centro el mes pasado y presentó un informe que se difundió el viernes en el que señala que el lugar realiza una revisión deficiente a los detenidos en busca de síntomas de COVID-19. El informe menciona “deficiencias múltiples y sistémicas” en los servicios de salud del complejo y concluye que estar detenido ahí “representa un peligro importante de salud para los pacientes de alto riesgo”.
Venters reportó que los detenidos ignoraron las recomendaciones del personal de usar mascarillas porque culparon a la instalación de que enfermaran en primer lugar. Los detenidos también le dijeron a Venters que consideraban innecesario el uso de cubrebocas ya que casi todos en el lugar ya habían contraído el virus.
“El ICE y la instalación causaron el brote por aceptar las transferencias de numerosas personas procedentes de lugares con casos activos de COVID-19, y no están considerando con seriedad el riesgo para la gente bajo su cuidado”, dijo Sirine Shebya, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, que representa a los demandantes.