“Se ha otorgado del primer amparo que se presentó, la suspensión definitiva del acto que se le imputó al comité de licitación y que si se cometiera violación a esa suspensión definitiva sería responsabilidad de dicho comité que encabeza Beatriz Sélem Trueba”, manifestó el abogado Mateo Reyes Alpuche, en torno a la orden de suspensión definitiva en contra de la privatización del basurero municipal.
En rueda de prensa, presidido por Román Herrera Castillo, Carlos Reyes Alpuche, Jorge Joaquín Cruz Ramayo y Mateo Reyes Alpuche, se precisó que los más de 500 juicios de amparos sí son procedentes en contra de la mala y oscura licitación y concesión y que sólo se ha dado una suspensión para adjuntar expedientes y que lo declarado por la alcaldesa es para desmoralizar a los trabajadores.
“De acuerdo a la reforma de la Constitución realizada en junio de 2011, otorga al ciudadano a presentar un amparo contra un acto de la autoridad que considere que daña al sistema ecológico o si no se hizo conforme a derecho el proceso para otorgar la concesión de recolección de basura y el relleno sanitario. La fracción segunda del artículo 115 constitucional establece que si bien el Ayuntamiento tiene la facultad de proponer a sus reglamentaciones en cuanto a la concesión y administración de su Hacienda Pública tiene que cumplir primero con lo que establece tanto la Constitución del estado como la de los Estados Unidos Mexicanos y la reglamentación secundaria”, dijo.
Reyes Alpuche explicó la forma en que debe ser un procedimiento y otorgamiento de una concesión, el cual va desde la publicación de la convocatoria en el tiempo que establecen las leyes en los periódicos de mayor circulación el estado, en este caso Campeche, así como de la convocatoria en un diario de circulación nacional.
Por lo que destacó, no se ha realizado todo este procedimiento establecido en las leyes.
“Es ilegal el otorgamiento o en su caso de otorgársele la concesión y cualquier ciudadano puede solicitar en la vía de amparo la nulidad por la violación a dicho artículo constitucional”, dijo Mateo Reyes.
Manifestó que esta orden girada por un Juez Federal, busca que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guarda hasta que cause ejecutoria la sentencia de amparo.
“Si se prueba que el Ayuntamiento está procediendo a dar oportunidades a la empresa Red Ambiental para trabajar en el relleno sanitario, incurriría en la violación de la suspensión; y el procedimiento marca que se presentarán las pruebas idóneas del incumplimiento de la suspensión”.
Lamentó que las autoridades municipales hagan caso omiso a esta orden, y por el contrario, la desacaten.
“Es grave el desacato de una suspensión definitiva porque incurre en una responsabilidad de abuso de autoridad y la penalidad es la destitución del cargo, así como el sometimiento a proceso, dictaminado por el juez que lleva el caso al comprobar que se incumplió con la suspensión”.
De su lado, Reyes Alpuche comentó que fue suspendida la audiencia constitucional de este viernes, la cual será para el 13 de julio, donde presentarán ante el juez los más de 500 amparos que están acumulados.
