A casi 30 años de la caída de la dictadura en Brasil (1964-1985), la Comisión de la Verdad (CNV) entregó su informe final a una mandataria sumamente conmovida por los hechos, en especial porque la presidenta Dilma Rousseff, es una víctima sobreviviente de aquel régimen.
En dos años y siete meses de trabajo, la comisión registró 434 muertos o desaparecidos comprobados, víctimas políticas directas durante los denominados “años de plomo”, y se identificaron 230 locales en todo Brasil donde se perpetraban violaciones a los derechos humanos.
Estos ultrajes , efectuados en su mayoría por el temido órgano de inteligencia y represión, comprendían la cárcel o detención ilegal arbitraria, la tortura; la ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial y otras muertes imputadas al Estado. También, la desaparición forzada, que incluyó el ocultamiento del cadáver.
Para la Comisión, quedó ampliamente demostrado que las “graves violaciones” de derechos humanos durante 21 años fueron una “política de Estado” y rechazó la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos.
La Comisión fue creada en el 2011 por la propia Rousseff, una ex guerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y cuyo testimonio recogió este grupo de trabajo, al igual que el de los ex mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.
