Bajo una intensa movilización policiaca, elementos Ministeriales cercaron con cinta amarilla, un terreno el cual es usado para la construcción de viviendas.
Los hechos se registraron alrededor de las 13:45 hrs de hoy jueves, cuando Rodrigo Huerta, acudió junto con sus abogados Daniel Trejo y Jorge Borges, al predio en construcción de CUCSA, acompañado de un convoy de unidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con al menos de 25 elementos de la Policía Ministerial Investigadora (PMI), el cual aseguraron.
Esto con base a la denuncia presentada por Alonzo Huerta Heredia y su hijo, Rodrigo Huerta, donde denunciaron a los hermanos Salvador y Ramón Espínola Toraya, ‚este último propietario de CUCSA, así como Andrea García Monroy, Leovigildo Cu Balan y Marciano González Gómez, por los delitos de trafico de influencias, fraude, despojo de bien inmueble, y falsificación de documentación y asociación delictuosa, de acuerdo al expediente C.C.H./8942/3¦/2011, en el que se denunció el robo de 177 hectáreas en donde se construyó Kala 1, además de Siglo XXIII, Ramón Espínola, y parte de Colonial Campeche, de los cuales quedaron solo 36 en los que se estaban edificando otras viviendas por parte de Constructores Unidos de Campeche (CUCSA).
Durante la entrevista a Rodrigo Huerta, este aseguro que el señor Espínola Toraya le ha estado robando tierras a su papá a lo largo de 20 años y hasta ahorita le estamos poniendo un alto, el expediente es el 49/52″, mientras que Jorge Borges, su abogado, aseguró que Ramón Espínola especifico a Kala III como Kala I.
“Tenemos los levantamientos topográficos que incluyen las casas, parte de Siglo XXIII hasta la carretera antigua a Kala, sin embargo, nosotros no vamos a afectar a ninguna familia que haya comprado su vivienda”, informo por su parte el abogado Jorge Borges.
“Les vamos a pedir o que nos entreguen el terreno o que paguen lo que vale, ya que esta valuado en 140 millones de pesos, todo el terreno en si es de 850 millones, sin embargo, ya esta habitado”, Finalizaron.
Por su parte Ramón Espínola Toraya aseguro que todo se trato de una confusión, ya que se dijo ser dueño del terreno desde hace 25 años, además de que contra demandaría por daños y perjuicios.
“Es una equivocación del jurídico, están clausurando un terreno que hace 25 años es de la empresa, y no coinciden absolutamente en nada, el licenciado del Ministerio Publico reconoció que hay un error y pide que vayamos a aclararlo a la PGJE”, Aseguro.
Cabe señalar que constructor aseguro que se estaban levantando 50 viviendas en el terreno, pero ante el aseguramiento de la PGJE dejaron de laborar 100 empleados. En cuanto a las viviendas que están habitadas, señalo que ya están escriturados y que no se verán afectadas.