El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República en Campeche, obtuvo este jueves 3 de noviembre del Juzgado Primero de Distrito en la entidad la sentencia condenatoria de 52 años, un mes, tres días de prisión y la sanción pecuniaria de 831 días multa contra Héctor Arturo Torres García, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal contra la delincuencia organizada; privación ilegal de la libertad; homicidio calificado; inhumación de un cadáver; uso indebido de credenciales de servidor público, uniformes, insignias y siglas de alguna corporación policial; acopio de armas y artefactos explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
De acuerdo con el expediente del proceso penal 17/2010, el sentenciado fue detenido luego de un trabajo conjunto que llevaron a cabo el 12 de enero de 2010 la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal, Ejército Mexicano, Armada de México, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, en la capital campechana.
El día señalado y mediante las respectivas órdenes de cateos, se llevaron a cabo los operativos en un domicilio del fraccionamiento “Bosques de Campeche” y uno más en la colonia Bellavista, de esta localidad, lográndose asegurar armas largas, granadas de fragmentación, cartuchos de diversos calibres, uniformes apócrifos de la Policía Federal, entre otros objetos.
Dentro de los interrogatorios, el ahora sentenciado admitió el homicidio y la inhumación del cadáver de una persona del sexo masculino en un lote baldío fuera de la ciudad, mismo que fue ubicado por la Policía Ministerial Investigadora y el Ministerio Público.
Por lo anterior, el indiciado fue detenido y arraigado por la autoridad local para luego, declararse incompetente ante el caso y hacer del conocimiento al Fiscal Federal, quien inició una investigación por los delitos antes mencionados, misma que luego de desahogar todas las diligencias necesarias consignó ante el Juez Primero de Distrito en la entidad.
De esta manera, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de aportar los elementos jurídicos necesarios a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, para sujetar a proceso penal a quienes se separen de la legalidad y colaboren con cualquier modalidad de delincuencia.