El subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas, afirmó a senadores que el nivel actual de endeudamiento absoluto de las entidades “no es dramático”, ya que sólo significa el tres por ciento del Producto Interno Bruto y eso “no representa un riesgo para las finanzas públicas ni para el sistema financiero del país”.
Ante las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Segunda, y de Hacienda consideró que esta situación “no es una falla generalizada” y hay entidades y municipios que han manejado sus finanzas públicas de manera responsable.
Sin embargo, reconoció que es preocupante el ritmo de crecimiento de este indicador, pues en sólo cuatro años duplicó su nivel como porcentaje del PIB y de continuar esta tendencia “sí empezaría a generar problemas serios y ciertas dudas acerca de la sostenibilidad fiscal o financiera, como se llegó a observar en países latinoamericanos”.
Dijo que en México no hemos llegado a la situación que se observó otras naciones del continente, donde los problemas de sobreendeudamiento de gobiernos locales tuvieron efectos macroeconómicos adversos y fueron factores importantes en las crisis de balanza de pagos a finales de los noventas y en la última década.
Messmacher Linartas reconoció que la deuda pública “tiene usos legítimos”, pero también “se puede prestar para ciertos abusos o una utilización irresponsable”.
Sin embargo, se pronunció por “no satanizar” el tema y aprobar reformas que permitan que se pueda utilizar la deuda pública para proyectos legítimos de inversión.
En su turno, Juan Pardinas, director general del IMCO, manifestó que el nuevo marco jurídico de tomar en cuenta la necesidad de las entidades de endeudarse para invertir en infraestructura y los mecanismos para el registro y transparencia de los recursos.
Hizo un llamado a los senadores para que se establezca la obligación de los estados a presentar la tasa de interés, así como las comisiones que cobran las instituciones bancarias para otorgar los créditos, porque es “incompatible” con la democracia y las finanzas sanas clasificar esta información como confidencial.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que las cinco iniciativas que se analizan “tocan de manera muy tangencial” el tema de las responsabilidades administrativas y penales de quienes incurren en omisiones o actos contrarios a las disposiciones que proponen.
Dijo que es necesario implementar mecanismos para regular la participación de intermediarios, asesores financiaros, fiscales, contadores y abogados que no son servidores públicos, así como para establecer la responsabilidad de las instituciones bancarias en estos procesos.
Por su parte, Ricardo Miranda Burgos, director general de Análisis e Investigación Económica de la Auditoría Superior de la Federación, mencionó que las restricciones legales son una condición necesaria, pero insuficiente para asegurar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas y la deuda pública.
Para su administración “prudente y responsable”, agregó, se requiere transparentar el total de los pasivos contingentes y de las obligaciones financieras, regular el gasto corriente –en particular los servicios personales y pensiones–, así como establecer límites a la política salarial y controlar el aumento de los precios en el último año de gobierno.
En la ronda de comentarios, el senador Raúl Cervantes Andrade dijo que es preciso coordinar las facultades constitucionales de gasto, ingreso y deuda, porque hay una desarticulación desde este nivel en la materia.
“Tenemos que ir relacionado claramente los temas de transparencia, contabilidad, anticorrupción y deuda” y eso se puede construir desde el dictamen, consideró.
Asimismo, el senador priista Francisco Yunes Zorrilla expresó que “el tema de la deuda se explica en las soberanías estatales” y “no es un problema de diseño institucional sino de composición al interior de los congresos que tienen esa función”.
El senador Héctor Larios Córdova, de Acción Nacional, subrayó que la Constitución dispone que los recursos de la deuda pública sean dirigidos a proyectos productivos, pero en la realidad se utilizan para programas sociales y otros rubros que no cumplen con estos objetivos.
Destacó que buena parte de los créditos de largo plazo tiene que ver con el financiamiento de los “pasivos circulantes” como el pago a proveedores que presentan los ayuntamientos y los gobiernos estatales.
Para el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, la reforma para regular la deuda pública no es estrictamente financiera porque “entraña modificaciones políticas de fondo”, por ello se tiene que definir si se van a cambiar los mecanismos de coordinación entre los estados, municipios y la Federación.
Del mismo, agregó, se debe precisar si el Poder Legislativo tendrá incidencia en los mecanismos de control, supervisión o aprobación de los techos de endeudamiento de los gobiernos de los estados, lo que implica una reforma constitucional de fondo.
En el intercambio de opiniones también participaron los senadores Manuel Cavazos Lerma, del PRI; Fernando Torres Graciano, Carlos Mendoza Davis y Pilar Ortega Martínez, del PAN; así como Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter, del PRD.
