A la LX Legislatura se le “empolvó” ocho de las 22 solicitudes de juicio político que se acumularon por los vacíos en la normatividad que regula el proceso de dictamen que sería pública sólo si reforman la Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo que no ha sido propuesto formalmente en ninguna legislatura.
Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, confirmó que la LX Legislatura inició su periodo con 18 solicitudes de juicio político que no fueron dictaminadas por sus antecesores, algunas con hasta seis años de haber sido interpuestas.
En conferencia de prensa en el Sala de Juntas “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo, afirmó que concluirán el proceso de dictamen antes del 30 de septiembre sin que haya consigna política, caiga quien caiga, para aplicar las sanciones que marca la ley: destitución del cargo o inhabilitación por hasta 20 años, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses público.
Sin dar detalles de algún caso, indicó que dicha Comisión, cuya resolución será inacatable, analiza si alguno de los encausados incurrió en actos como la usurpación de atribuciones, el ataque a la libertad de sufragio y violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales o a los planes, programas y presupuestos de la administración pública.
No informó cuántos ya dictaminaron desechándolos por cuestiones de temporalidad, cuántos no encajan en los términos del artículo 89 Constitucional y no se atrevió a mencionar que entre los servidores públicos en funciones, con solicitud de juicio político en contra, están el gobernador Fernando Ortega Bernés y la alcaldesa Beatriz Sélem Trueba.