Con varios meses de atraso, este viernes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Víctimas, la cual tiene como objetivo la reparación del daño a quienes son afectados por un delito.
De acuerdo con este tipo de procedimientos, el nuevo reglamento entra en vigor un día después de su publicación, es decir, este sábado 29 de noviembre. Este documento firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto el jueves pasado, forma parte del decálogo anunciado por él en días pasados.
El Fideicomiso público previsto para la reparación del daño deberá constituirse dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, es decir, a más tardar el último día de febrero próximo.
Con esta norma se abroga el decreto por el que se transformó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), este deberá expedir, durante los tres meses siguientes, el Modelo Integral de Atención a Víctimas, así como los lineamientos y disposiciones generales que establece el presente reglamento.
El título sexto del Reglamento, del procedimiento para la asignación de recursos del fondo, indica que el objetivo del mismo es servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral de las víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal.
Un comité evaluador de la CEAV determinará las características del pago, con base en los siguientes criterios: necesidad de la víctima, la gravedad del daño sufrido, la vulnerabilidad de la víctima, en proporción con el daño sufrido; el perfil psicológico de la persona afectada; la posibilidad de que pueda acceder a medidas de atención, asistencia y protección en asociaciones civiles o privadas, y los demás que señalen los lineamientos que deberá emitir la Comisión.
Para acceder a los recursos del Fondo, las víctimas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Víctimas y cumplir con una serie de requisitos adicionales.
