En el marco de la Sesión de Trabajo del Centro Coordinador Estatal COVID-19, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Fernando Bolívar Galera, informó que como medida preventiva las autoridades de 135 comunidades del interior del estado decidieron cerrar de forma parcial o total el acceso a los poblados, y solo permiten el ingreso de proveedores para garantizar el abasto de alimentos.
Por su parte, el fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, señaló que en seguimiento puntual a los casos de denuncias sobre violencia familiar el número de reportes en el primer trimestre del año no se incrementó, sino que resultó similar al registrado en el mismo período del 2019. Estimó que tal circunstancia, a pesar del confinamiento que viven las familias, se ha debido a la aplicación de la Ley Seca.
Informó que con los operativos que se realizan para evitar la venta ilegal de alcohol, se han levantado 35 expedientes y detenido a 45 personas, entre el 6 de abril y 6 de mayo.
