El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Raúl Labastida Mendoza, consideró que la redistritación deberá basarse en los límites constitucionales de Quintana Roo y no sólo en los datos que estableció el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), en donde le arrebató a la entidad un promedio de 191 comunidades para cedérselas a Campeche.
El proceso de redistritación electoral de Quintana Roo inició este miércoles. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinó que la presentación del escenario definitivo de la nueva demarcación distrital uninominal será hasta el 20 de junio del 2012.
Los criterios a utilizar aún no se definen, sin embargo podrían ser tomados en cuenta; número de población, de compacidad de variables socioeconómicas, geográficas de vías de comunicación, entre otros.
Además, el Ieqroo aún no determina si la zona limítrofe con el estado de Campeche será considerada dentro de la nueva distribución de los 15 distritos electorales.
Sin embargo, se prevé que en la redistritación sean utilizados los datos estadísticos que arrojó el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Inegi en el 2010.
En ese sentido, el representante jurídico del Ejecutivo Estatal, Raúl Labastida Ochoa consideró incongruente que la zona limítrofe pueda quedar fuera de la cartografía estatal de Quintana Roo, cuando el estado ha entablado una batalla legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
Esto, para defender las 191 comunidades que el Inegi despojó al estado para adjudicárselas a Campeche, asumiendo con ello un acto violatorio contra el patrimonio territorial de la entidad.
Cabe recordar que la segunda semana del mes de agosto pasado, la SCJN desechó el recurso de inconformidad del Gobierno del Estado en contra del Inegi para recuperar parte de su territorio mutilado.
