“Es conveniente incorporar una perspectiva de género en el diseño de un sistema de justicia penal contemporáneo, ya que permite garantizar el goce efectivo de los derechos de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”, planteó hoy ante senadores de la República, el Procurador General de Justicia del Estado (PGJ), Renato Sales Heredia al participar en la Segunda Audiencia Pública que la Comisión de Justicia de la Cámara Alta convocó para enriquecer con la opinión, técnicas y participación de expertos, autoridades, profesionales y presentantes de la sociedad civil, el trabajo legislativo relacionado con las iniciativas presentadas para expedir del nuevo Código de Procedimientos Penales.
Sales Heredia fue invitado por el presidente de la Comisión de Justicia, Senador Roberto Gil Zuarth, a participar este mediodía en el encuentro con los senadores de la República, luego de que resultó seleccionado por consenso -en reconocimiento a su trayectoria, experiencia, reconocimiento y especialidad en el tema-, a fin de escuchar su pronunciamiento sobre el modelo general, actos procedimentales y criterios que regirán la fase de investigación de delitos.
En la explanada del segundo piso del Hemiciclo del Senado de la República, el procurador de Campeche aseveró que la transición al nuevo sistema de justicia penal implica conceptualizar de manera distinta el principio de legalidad, en el cual el nuevo perfil de los órganos de persecución penal debe ser un órgano eficiente, con capacidad de respuesta y calidad en el servicio.
Dijo que en la Justicia Restaurativa, el aspecto fundamental del nuevo sistema de justicia penal son los mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que este tema debe incorporarse como un principio más que regule el nuevo modelo de justicia.
Al exponer su postura ante los congresistas mexicanos, señaló que en el ánimo de plantear reglas justas dentro de un sistema de justicia penal democrático, se ha considerado de manera especial el caso de las comunidades indígenas, para lo cual, los involucrados en la procuración e impartición de justicia tienen el deber de tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas como la nacionalidad, el género, el origen étnico, el credo o religión; así como las ideas políticas, la posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias, por lo que el acceso a los intérpretes debe ser efectivo y deben ser contratados por el Estado.
En lo que respecta al Control de Convencionalidad, expresó que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que en consecuencia, el Estado deberá prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Respecto a la Jurisdicción y Competencia, consideró que este es uno de los temas que requiere un análisis especial, pues no sólo se pretende regular con mayor amplitud la función jurisdiccional en torno al conocimiento de los delitos y potestad de conocer de procesos penales, sino que debe plantearse también la competencia en temas transversales, como son los de justicia para adolescentes y militares, a propósito de la última reforma constitucional relacionada con la jurisdicción militar.
Rento Sales comentó sobre las formas de la detención, que como se ha visto, la dimensión de la flagrancia se ha reducido y, por tanto, resta posibilidad a la policía para detener al probable responsable de un delito; en este sentido, es preciso definir el alcance de la “inmediatez”, con el fin de establecer un criterio que pueda ser acorde al equilibrio plasmado en la Reforma Constitucional de 2008.
Finalmente dijo que la Codificación única en materia procesal penal es que el Congreso de la Unión tenga facultades para expedir un Código Procesal Penal único.
La participación del procurador campechano se circunscribe al acuerdo emitido por la Comisión de Justicia del Senado, que determinó que para enriquecer el análisis técnico y la discusión pública, respecto del modelo del nuevo Código de Procedimientos Penales que será expedido por el Congreso de la Unión, se convocaría a cuatro audiencias públicas.
La primera se realizó el pasado día seis; la segunda se lleva a cabo hoy con la comparecencia del procurador Sales Heredia; la tercera fue programada para el próximo día 20 y la cuarta y última audiencia ocurrirá el miércoles 27.
