Legisladores y defensores de migrantes exigieron la destitución inmediata de Ardelio Vargas como comisionado nacional de Migración, debido a su perfil policiaco y a su “historia de represiones y violación de derechos humanos”.
Al respecto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Layda Sansores San Román, dijo que la presencia de Ardelio Vargas Fosado al frente del Instituto Nacional de Migración es preocupante “porque tiene una historia de represiones y violación a los derechos humanos”.
“Parece –señaló– que se ha dedicado a coleccionar represiones y ha sellado con violencia un gran número de sus actuaciones en Atenco, Chiapas y diversos lugares del país, en donde ha estado al frente de operativos”.
Manifestó que la designación de Vargas Fosado se hizo “con un gran autoritarismo”, pues se realizó sin la consulta a las organizaciones sociales que defienden los derechos de los migrantes, “como está previsto en la ley”.
Advirtió que la violencia hacia los migrantes va en ascenso y se está convirtiendo en “una política de Estado”.
En tanto, el padre Alejandro Solalinde anunció que tiene un “plan b” y si en un tiempo razonable el gobierno no para los secuestros contra migrantes, hará una huelga de hambre “en una de las principales oficinas de ellos”.
“No voy a parar –así me muera– hasta que paren los secuestros y eso no les va a gustar pero lo voy hacer, se los voy a cumplir para ver si así paran los secuestros”, advirtió.
Destacó que este tipo de delitos no han parado, sobre todo en Veracruz, pues es en ese estado donde se realizan la tercera parte de secuestros a nivel nacional.
Informó que insistió al secretario de Gobernación que el INM debe tener un carácter administrativo, de defensa de derechos humanos y no de seguridad, pero la respuesta fue el nombramiento de Ardelio Vargas.
En este sentido, consideró que hay un razonamiento “totalmente equivocado” en la política migratoria, pues se cree que poniendo a policías se va a depurar el INM y “cómo van a depurar al Instituto, que ha sido infiltrado una y otra vez por la delincuencia organizada, si las corporaciones policiacas han sido las más vulnerables al respecto”.
En su turno, el padre Heyman Vázquez Medina leyó un comunicado firmado por diversas organizaciones civiles en el que exigen la destitución inmediata del comisionado y solicitan la designación de funcionarios que tengan solvencia moral, perfil profesional adecuado y una amplia legitimidad ante la sociedad, con la que puedan interactuar para el desempeño de sus funciones.
En el documento se hace notar que desde el inicio de esta administración el diseño de la política migratoria ha estado marcada por el perfil policiaco y de criminalización a las personas que en su tránsito lo único que buscan es el bienestar para ellos y su familias.
Por su parte, el senador perredista Adán Augusto López Hernández dijo que esta asignación representa “una raya más al tigre” porque el comisionado tiene fama de ser operador del aparato policiaco represivo en el país.
En su opinión, no existe una verdadera política pública especializada en el tema de la migración, ya que “los gobiernos federales se la han estado pasando improvisando en este tema”.
En tanto, la diputada Lorenia Valles Sampedro, del PVEM, señaló que el nuevo comisionado de Migración tiene un perfil policiaco, el cual no es el adecuado para encabezar una responsabilidad tan importante, por lo que se necesita a “una persona que conozca y sea sensible al tema y no un represor que ha ido en contra de los derechos humanos”.
Por ello, recordó que presentó un exhorto en la Cámara de Diputados para que se revoque inmediatamente a Ardelio Vargas del Instituto, pues su nombramiento va en contrasentido de lo que se plantea en la Ley de Migración.
Por último, la activista Elvia Arellano mencionó que con este nombramiento, Enrique Peña Nieto “da un claro mensaje de legalizar la represión hacia los migrantes”, por lo que nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
“Hemos sido pacíficos, hemos dialogado pero nos estamos dando cuenta de que esto no está sirviendo, ni el diálogo ni la pasividad está sirviendo, por eso estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y a la desobediencia civil porque queremos ver cómo nos reprimen a nosotros, los defensores”, apuntó.
