Aunque países como México cuentan con marco jurídico para controvertir la negativa de informar por parte de los gobiernos, en la práctica los recursos son verdaderamente efectivos para satisfacer el derecho de acceso a la información pública, señaló Silvina Acosta, miembro de la Fundación para las Américas.
En su calidad de gerente de Proyectos de la Unidad de Derechos Humanos, Gobernabilidad y Democracia de dicha organización afiliada a los Estados Americanos, destacó como otra deficiencia el hecho que las solicitudes de información no son resueltas en el tiempo adecuado, por lo que es indispensable especializar y garantizar la autonomía de organismos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y las comisiones estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Significó que el gran reto para México y los países latinoamericanos es que la sociedad se apodere de su derecho a la información, que es parte de un proceso y responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía.
En su visita a la ciudad, donde impartió el seminario “Los retos del derecho de acceso a la información en América Latina”, que organizó la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec).
Mencionó que hay 91 países en todo el mundo que tienen legislaciones normativas particulares, especiales con respecto al derecho de acceso a la información pública, entre ellos México, que está a la vanguardia en materia de transparencia, con la Ley de Transparencia, que a 10 años de su creación es una referencia obligada para naciones del continente, incluso para Estados Unidos.