La Cámara de Senadores aprobó en lo general con 100 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, el dictamen por el que se faculta a este órgano legislativo para aprobar o, en su caso, objetar las estrategias de ajuste de finanzas públicas de los estados que registren niveles elevados de deuda.
El Senado también conocerá los convenios en aquellos casos donde hayan sido celebrados por los estados que no tengan niveles elevados de deuda, pero que buscando reducir el costo financiero de su deuda, decidieron acceder a este mecanismo financiero.
Además, crea un registro público único de empréstitos y obligaciones, que fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso del endeudamiento y brindará certeza a las operaciones financieras que realicen dichos órdenes de gobierno.
En ese sentido, los legisladores acordaron que a través de la reforma se instituya el Sistema de Alertas, que será “un instrumento clave para el seguimiento sobre el uso del endeudamiento público”.
Además, se prohíbe expresamente que los recursos de los empréstitos se destinen a cubrir gasto corriente y se considere como deuda a las operaciones realizadas por organismos descentralizados y empresas públicas, mediante fideicomisos.
El dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución, también faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas, con base en los principios de equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera.
Se permite a los gobiernos estatales otorgar garantías a los municipios, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito, bajo condiciones financieras más favorables y se mantiene la obligación de reportar el uso del endeudamiento público en la Cuenta Pública correspondiente.
También se prevé la posibilidad de que estados y municipios contraten financiamientos de corto plazo, a efecto de cubrir sus necesidades de flujo, el cual estará sujeto a los límites y condiciones que se establezcan en la legislación federal y “siempre que se liquiden totalmente a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente”.
Asimismo, se destaca que conforme a las reformas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, falsear o desvirtuar información financiera con el objeto de engañar u ocultar la real situación financiera constituye una falta administrativa grave y también es motivo de sanciones penales.
El senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, apuntó que se facultó al Congreso para que a través de una Ley General se homologue a todas las entidades federativas en el tema de la deuda en municipios.
Recalcó que el problema fundamental de la deuda de los estados es que no se conocía su totalidad, por lo que se concluyó que se tienen que privilegiar los controles políticos de entidades.
Con ello, dijo, se trasparentará el 100 por ciento del registro de la deuda, equilibrando los sistemas de rendición de cuentas. También, apuntó, se deben regular las tasas de los mercados, ya que muchas entidades pagaban cantidades exorbitantes, por lo que se tienen que generar convenios con el Gobierno Federal, convertir la deuda estatal en una deuda federal con su aval, lo que en automático regula el mercado.
A su vez, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó que se incorporaron principios constitucionales fundamentales en materia de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, que van a permitir condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, garantizando un ejercicio más eficiente y transparente de los recursos públicos.
Además, recalcó que por primera vez se faculta al Congreso para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas de la Federación, estados, municipios y Distrito Federal y por el que el Senado asumirá responsabilidades en la fiscalización y seguimiento de los recursos públicos, particularmente los garantizados por el Gobierno Federal.
Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, el senador David Penchyna Grub hizo notar que con esta reforma se avanzó en la búsqueda de una solución en el endeudamiento estatal “sin rebasar una línea muy delgada, que es la tentación de violar la soberanía que en la materia tienen los estados y municipios”.
Reconoció que hubo el “entendimiento y la generosidad” para no dar un paso atrás en el federalismo, lo que ayudó a generar una legislación que no consentirá “los abusos del endeudamiento” sin trastocar la soberanía de esos órdenes de gobierno.
Por Acción Nacional, el senador Carlos Mendoza Davis destacó que los acuerdos alcanzados para aprobar esta enmienda permiten cerrar “el círculo perverso de una Federación eficiente y estados deficientes”, ya que las reglas serán más claras para todos y por ende más competentes.
Dijo que el proyecto aprovecha el equilibrio de poderes que genera una “democracia madura” y permite tener objetivos nacionales más claros, homologar prácticas y alcanzar mejores resultados en las finanzas públicas, lo que significa que el porvenir no estará hipotecado de manera irresponsable.
A su vez, el senador perredista Armando Ríos Piter señaló que existe “un problema virreinal” en los estados, donde los congresos locales votan los montos de endeudamiento “a modo de la voluntad del gobernante en turno”.
En este sentido, confió en que la reforma ayude a corregir a ese “conjunto virreinal”, pues establece que ahora la deuda estatal deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de las legislaturas locales.
Por el Partido Verde Ecologista, el senador Luis Armando Melgar Bravo subrayó que la reforma es de gran trascendencia en materia de finanzas públicas y responsabilidad hacendaria, ya que establece un nuevo esquema de control y de responsabilidad en materia de la deuda pública local.
Resaltó, además, que se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar al Gobierno Federal, a fin de verificar que el otorgamiento de las garantías con cargo al crédito de la nación sean las adecuadas y se fiscalicen de manera correcta.
Por otra parte, el senador Manuel Bartlett Díaz anunció que su grupo parlamentario votaría en abstención el dictamen porque la reforma atenta contra la soberanía de los estados de la Federación.
El problema de endeudamiento en los gobiernos de los estados es la falta de un federalismo fiscal, aseguró. La Federación se ha reservado en un centralismo financiero las principales fuentes de ingreso de la Nación. “Mientras no haya auténtico federalismo fiscal, no hay Federalismo y no se remedia el problema”, añadió.
