La Universidad Autónoma de Campeche debe reconocer el derecho de sus estudiantes a la denuncia sin que tengan que probar los hechos que han dado a conocer, y proceder al diálogo entre docentes y quienes se han sentido agraviadas, manifestó Argentina Casanova Mendoza, titular del Observatorio de Violencia Social y de Género, incluso dijo que la Unidad de Género de la Máxima Casa de Estudios debe llevar el tema para revisar protocolos.
“Hay que recordarles a las autoridades que en una denuncia de acoso y hostigamiento sexual aplican los derechos de las víctimas para las denunciantes que no tienen obligación de probar”.
Afirmó que es obligación de la institución educativa debido a que la carga de la prueba es del órgano acusador, no de las víctimas, y es un derecho consagrado.
“En ninguna parte de la Ley dice que sean las víctimas las obligadas a probar y a investigar, en cambio, el estado y todas las instituciones y sus servidores públicos sí están obligados a dar protección y aplicar los deberes del estado mexicano para evitar la discriminacion y la violencia contra las mujeres de acuerdo a la Convención “Belem do Pará” a la hora de denunciar, por eso existe el principio de buena fe”.
Argentina Casanova pidió a la universidad respetar los derechos de las víctimas y dar una solución.