Diputados de la LXIV Legislatura local aprobaron de manera unánime reformar el artículo 72 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, cuyo propósito es reorientar el gasto que se destina a las medidas de protección de las o los exservidores públicos estatales y municipales.
Lo anterior en respuesta a la iniciativa que envió la gobernadora Layda Sansores San Román, para retirar elementos de seguridad que disfrutaban exfuncionarios y sus familiares, planteamiento que recibió el apoyo unánime de las bancadas no solo de Morena, también del PRI y MOCI, así como de los dos legisladores panistas que la conforman.
Estas medidas buscan garantizar mejores acciones en materia de seguridad pública o en cualquier otra que potencia el desarrollo del Estado y los Municipios, para beneficio de todas las personas.
Este numeral, una vez autorizada su reforma, establece que serán las autoridades competentes del Estado las que, de requerirse, dictarán medidas para la protección de la Gobernadora o Gobernador, los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Protección y Seguridad Ciudadana, Fiscalía, así como de servidores públicos estatales que, por sus funciones, así lo requieran y solo durante el tiempo de su encargo.
No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, medidas de protección a exservidoras y exservidores públicos estatales, municipales, entre otras.
En un plazo de no más de 90 días naturales al entrar en vigor este Decreto, los recursos humanos y materiales asignados a exgobernadores y exservidores estatales y a los que gozaron de las medidas de protección, deberán entregarse a las Secretarías correspondientes.