Un total de 44 solicitudes de juicio político pendientes de resolución tiene en su agenda la LXII Legislatura del Congreso del Estado, cuyo periodo de receso concluye el próximo viernes 31de marzo, informó el secretario general del Poder Legislativo, Ramón González Flores.
Entrevistado en sus oficinas, González Flores indicó que la Ley Orgánica establece una secrecía sobre quienes son objeto de este tipo de peticiones al Congreso local, y por este motivo se tratan en sesiones privadas con acceso restringido y en las que solo pueden estar los diputados y algunos auxiliares.
-Pero puedo informarles que de abril 15 del 2015, con la Legislatura anterior, al 24 de febrero del presente año, tenemos recibidos en la Secretaría, bajo mi custodia, 44 juicios políticos de diferentes funcionarios y de diferentes órganos de gobierno, desde comisarios municipales, presidentes de Juntas, síndicos y regidores de Juntas Municipales, Ayuntamientos y algunas autoridades de índole estatal.
-Esto, la gente que programa los asuntos a desahogarse son la presidencia de la Mesa Directiva y el jueves 30 de marzo se elegirá quienes la integrarán para el próximo periodo ordinario de sesiones, añadió. El primero de abril, sábado, instalarlo a las 10 de la mañana en la que haremos entrega de todo el inventario legislativo, incluyendo los 44 casos denominados juicios políticos. En total son 84 asuntos los contenidos, hasta el día de hoy en la agenda legislativa.
Asimismo, consideró hay un abuso en este tipo de peticiones pues hay situaciones que no lo son, sino son otro tipo de sanciones que la propia Ley Reglamentaria en su capítulo 17, señala y que no necesariamente ameritan juicio político.
Más adelante, el funcionario precisó que para que una solicitud de juicio político proceda como tal, el denunciado tiene que haber incurrido en faltas a ocho puntos fundamentales de la Ley Reglamentaria de la Constitución, como son ataque a las instituciones democráticas; a la forma de gobierno republicano, representativo y popular del Estado; usurpación de atribuciones; las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; el ataque a la libertad de sufragio, entre otras.
