Luego de señalar que no es el Gobierno del Estado, sino los ciudadanos los que son rehenes de los prestadores del servicio de transporte urbano ante la mala calidad de éste, Edgar Hernández Hernández, presidente de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, dijo que es un asunto que deben atender tanto el Instituto Estatal del Transporte como la Secretaría de Seguridad Pública, al tiempo que admitió que la omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades, es una irregularidad grave.
En conferencia de prensa al concluir los trabajos de la séptima sesión de la Diputación Permanente, el también coordinador de la bancada tricolor, sin decir nombres, arremetió en contra de los titulares de ambas dependencias estatales, pues indicó que de manera reiterada ha manifestado que el IET debe aplicar el reglamento a los prestadores del servicio, lo mismo que la corporación.
El representante popular inicialmente se refirió solo al Instituto Estatal del Transporte, luego de que la mañana de este martes se registrara un nuevo accidente protagonizado por un autobús de transporte urbano, del que resultaron lesionados alrededor de 15 personas.
Con tranquilidad, a pesar de que previamente habló sobre la reforma electoral, minuta enviada por el Congreso de la Unión, a la que se le dio lectura en la sesión de la Diputación Permanente y que se aprobará este viernes, Hernández Hernández enfatizó es un asunto que debe atender el IET.
-Vigilar el buen funcionamiento de todos y cada una de las empresas dedicadas al transporte público, precisamente para asegurar la misma condición de los que ocupan ese servicio. Su seguridad es lo primordial y para ellos las unidades deben de estar en perfectas condiciones y aún más, la actuación de quienes conducen esas unidades, de tener siempre vigilancia de que cumplan con los requisitos que el propio Reglamento del Instituto obliga a estos operadores a cumplir –indicó.
Dijo entonces que la propuesta del diputado independiente Manuel Zavala Salazar, en materia de transporte, “en su momento” se atenderá.
En este contexto, respondió a las declaraciones de su homóloga del PAN, Yolanda Valladares Valle, quien aseguró que las autoridades son rehenes de los transportistas y ha faltado mano dura.
-Pues…, finalmente, el rehén no sería el Gobierno del Estado sino los ciudadanos que hacen uso del transporte –aclaró-. El gobierno lo único que pretende es que a los propios ciudadanos no se les niegue el servicio por parte de estas empresas por cuidar ellos sus propios intereses.
Afirmó entonces que a pesar de esta situación, los ciudadanos no se encuentran en estado de indefensión.
-No, porque finalmente el gobierno a través del Instituto del Transporte rige precisamente el funcionamiento de estas empresas y, pues, es de todos conocido que muchos de ellos no cumplen con estos requisitos, con el mismo Reglamento –admitió en franca contradicción.
Comenzó entonces la crítica velada al director del Instituto Estatal del Transporte, Antonio Rodríguez Rodríguez, pues dijo que “nosotros le hemos exigido” haga cumplir ese reglamento, que indicó implica “el buen funcionamiento de sus unidades, el buen comportamiento de los operadores, y que se reduce a un servicio siempre de calidad para los campechanos”.
¿Quién debe poner mano dura, Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad o el Instituto del Transporte? –cuestionamos.
Su expresión comenzó a transformarse. De tez clara, su rostro empezó a adquirir un tono rojizo, señal inequívoca de que las preguntas comenzaban a no ser de su agrado.
-Yo creo que es una labor conjunta de las tres instituciones, tanto el Instituto del Transporte quien es quien directamente rige el servicio, como Seguridad Pública a través de la Dirección de Tránsito, para que haga cumplir los reglamentos de esos conceptos precisamente de transitar por la vía pública.
¿Cuándo se va a poner mano dura, porque esto pareciera que se echan la bolita unos a otros y como usted bien dijo, el rehén es el ciudadano, pero para eso hay gobiernos ¿no? –cuestionamos.
-Efectivamente. Finalmente competerá a la instancia correspondiente –respondió con enojo.
¿Quién, Seguridad Pública, Instituto?
-Pues es responsabilidad compartida, lo acabo de comentar, e insisto, Seguridad Pública lo que le corresponde en cuanto a la Ley de Tránsito, y el Instituto, porque finalmente es quien emite los reglamentos para el cumplimiento del buen funcionamiento –apuntó.
¿La omisión también es una irregularidad grave, no?
-¡Por supuesto! Entonces, yo creo que es responsabilidad de ambas instituciones y que tienen que poner mano dura para que esto se corrija –respondió.
De lo contrario, ya sería el Gobernador el que intervenga y mano dura? –señalamos.
-Bueno, ¡eso pregúnteselo usted al Gobernador! ¡Gracias!–respondió tajante sin poder ocultar su enojo por el cuestionamiento directo mientras se levantaba de su asiento golpeando con “suavidad” con las palmas de las manos, la mesa de cristal que lo dividía de los reporteros.
-Perfecto. Por supuesto, le preguntaremos –apuntamos mientras Hernández Hernández se daba media vuelta para despedirse de algunos periodistas antes de entrar a sus oficinas aledañas a la sala de juntas “María Lavalle Urbina”.
