Ante las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Miguel Messmacher Linartas, expresó que no es posible determinar una fecha precisa de cuándo bajarán los precios de la gasolina, ya que “va a depender de las condiciones de competencia que se vayan generando”.
Lo que sí se está haciendo, dijo, es abrir el sector a partir del 2015 para que se tenga competencia a la baja en los precios. “Estamos cuidando que no pueda haber abusos y tengamos brincos a la alza desmedidos en los precios de la gasolina y el diésel”.
Precisó que en el tema de gasolinas no hay competencia efectiva, sino monopolio, pues no hay suficientes terminales de almacenamiento y de importación, así como refinerías, estaciones de servicio, por lo que “si el precio se libera hoy, eso implicaría que terminaríamos con un incremento, porque habría abuso”.
Respecto al precio del gas, expresó que en la medida en que se completen gasoductos y aumente la producción de este energético, como resultado de la reforma, “esperamos que haya una disminución de precios relativamente rápido”.
En el análisis de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Deuda Pública, el subsecretario Messmacher y el Procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, destacaron que el objetivo es maximizar la renta petrolera, asegurar que se quede en el Estado y se evite cualquier tipo de problema de corrupción.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI), destacó que la reforma energética da pie a una profunda trasformación del sector, que implica un cambio en el manejo y administración de los ingresos petroleros y en las relaciones y controles que mantiene el gobierno con sus empresas estatales en el sector.
Indicó que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo permitirá servir como medio de recepción y ejecución de los pagos en los contratos y en las asignaciones para la exploración y extracción de los hidrocarburos, así como administrar los ingresos del Estado mexicano provenientes de la explotación de hidrocarburos y canalizarlos a los destinos previstos por la propia Constitución.
