Autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se deslindan por la protesta de un ex trabajador de la Comuna champotonera, quien desde el pasado lunes se esposó a las oficinas de la Junta Local; aseguran tiene que ser el Tribunal Colegiado Federal quien concluya el procedimiento y determine si el Ayuntamiento de Champotón tiene que liquidar al señor Ricardo Poot Montejo.
El demandante pide a las autoridades intervengan para que el Ayuntamiento de Champotón le pague los más de 2 millones de pesos de sueldos caídos y liquidación, luego de obtener el fallo a favor, por despido injustificado.
“No hay una propuesta o documento en donde se me ofrezca algo, quiero un documento donde nos comprometamos ambas partes, aquí me voy a quedar; el director de Trabajo le dijo a mi abogado ‘dile a tu cliente que se quite porque sino nosotros vamos con la fuerza pública’, ayer estuvo la comisión de Derechos Humanos y dieron fe de lo que ha ocurrido”, manifestó.
Por su parte Román Rosas Quijano, director de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Campeche, quien se supo tuvo acercamiento con el afectado desde el primer día, asegura las instancias estatales no pueden intervenir en el caso.
“No es un asunto en contra de nosotros, es directamente en contra del municipio de Champotón, la solución no está en la dependencia, a través de la Junta de Conciliación el señor ya ganó el laudo y fueron reconocidos sus derechos, el proceso legal continúa”.
Liliana Moo Vera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, instalada de manera provisional en Palacio Federal con todo el personal de la Junta, señaló que se actuó conforme a derecho y que el procedimiento que el señor lleva tiene que ser guiado por su abogado y no por la instancia que preside.
“Tuvimos dos días sin actividad y estábamos afectando a terceros, ahora tenemos aquí a la junta de manera provisional, del señor ya es una cuestión federal, la Junta entregó nada más una resolución favorable a él y tiene que llevar un procedimiento a nivel federal, el Ayuntamiento es la parte demandada”, concluyó.
