Con el voto unánime de los 32 diputados presentes, la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó este día dos puntos de acuerdo, el primero exhortar a las autoridades estatales a construir un rastro en el municipio de Candelaria y, el segundo, para armonizar la Constitución Política del Estado de Campeche con la Carta Magna e imponer el nombre de Fiscalía a la Procuraduría General de Justicia, lo que se aclaró no es sólo un cambio de nombre, sino que con ello se completa la estructura jurídica del nuevo Sistema de Justicia.
En la décimo tercera sesión ordinaria, además de dichos dictámenes, en el punto de asuntos generales, el panista Jorge Nordhausen Carrizales se refirió a la autonomía que debe tener la Auditoría Superior del Estado, y presentó siete puntos en los que se debe fortalecer ese órgano fiscalizador en su ámbito jurídico, de entre los que destacan que la entidad fiscalizadora emita un Código de Ética y Conducta Institucional que regule el actuar de su personal al servicio de la ASE; que dicha entidad fiscalizadora fortalezca la promoción de la cultura de la honestidad, la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos pública a través de los medios de comunicación masiva estatales
Por su parte, la también panista Ana Paola Ávila Ávila presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública que en la emisión de sus boletines informativos, evitar enviar fotografías o imágenes de las personas que se suicidan.
Finalmente, el priísta José Bravo Negrín luego de agradecer la votación unánime a las reformas a la Constitución Política del Estado de Campeche, explicó en qué consisten los cambios para armonizarla con la Carta Magna, entre los que citó el establecimiento del Sistema Estatal Penitenciario, se incorpora el elemento fundamental como es el carácter laico y el de un gobierno Republicano, se eliminan del texto constitucional varios preceptos y se completa la estructura jurídica del nuevo Sistema de Justicia y anticipó que el PRI propondrá en breve reformas al artículo 7º Constitucional, para ampliar los derechos y prerrogativas de la población indígena.