Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT debatieron acerca de las acciones anunciadas , el pasado 27 de noviembre, por el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en materia de combate a la corrupción y la inseguridad pública.
El senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, señaló a nivel internacional se ha calificado al país como un estado mafioso, fallido y corrupto, señalamientos que el Presidente no atiende porque está comprometido con los intereses económicos que lo sostienen y porque está en camino a consolidar un estado policiaco militar.
Agregó que el anuncio del Presidente, en términos generales, ha sido rechazado y no atiende los reclamos de mexicanos y sectores sociales para poner fin a la impunidad y la corrupción.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Luis Armando Melgar Bravo, advirtió que crear 32 policías estatales únicas es un gran reto, pero es la única opción que permitiría minimizar los efectos de la infiltración del crimen organizado en los órganos policiales locales.
Aseguró que en el PVEM están convencidos de que los 10 puntos planteados por el Presidente cimentarán un México en la construcción y solución de sus problemas actuales.
En tanto, el senador Zoé Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, subrayó que no se trata de generar nuevas leyes para solucionar los problemas del país, sino de cumplir las vigentes.
Consideró que el país pasa por una degradación institucional muy seria y precisó que no sólo las policías municipales son objetivo del crimen organizado, por lo que se necesita ampliar la legislación propuesta por el Ejecutivo federal a todos los ámbitos del gobierno y poderes del Estado.
Por la fracción del Partido Acción Nacional, el senador Roberto Gil Zuarth, criticó la propuesta del titular del ejecutivo, al señalar que estas líneas de acción fueron anunciadas con antelación en el sexenio previo, por lo que “no hay nada nuevo ni distinto” en su decálogo. De las 10 propuestas siete son cambios legales que le corresponden a Congreso.
Afirmó que el gobierno no necesita de periodos extraordinarios para poner manos a la obra. “El PAN va a contribuir a las soluciones, pero no vamos a acompañar ocurrencias, enfoques centralistas o recursos autoritarios; la iniciativa (que envió el Presidente) tendrá una discusión seria, serena y responsable. México no se merece remedios presurosos para librar coyunturas o climas de opinión”, indicó.
Al fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el senador Omar Fayad Meneses, hizo un llamado a no escatimar con medios que permitan devolver la paz al país, y consideró que las propuestas son acciones firmes, serias, inmediatas, de mediano y largo plazo que darán la posibilidad de enfrentar los proveas que vive el país.
Indicó que derivado de los sucesos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre pasado, se hicieron visibles las debilidades institucionales que existen. Recordó que en diversos municipios hay infiltración de la delincuencia organizada, incluso, hay ediles amenazados por los grupos criminales.
En el debate parlamentario, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del PT, dijo que la propuesta del Presidente de la República fue hecho bajo un diagnóstico equivocado. Es un decálogo donde abunda la “paja”, las decisiones que se proponen no tienen que ver con la realidad, comentó en Tribuna.
Señaló que no cree que el documento propuesto sea la solución, por lo que hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que presente un nuevo paquete de medidas e iniciativas con soluciones contra la impunidad.
El senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, enfatizo en que el Senado de la República debe enfocar sus objetivos en buscar soluciones a la situación, en lugar de culpables.
Dijo que las propuestas del titular del Ejecutivo federal son necesarias y dan soluciones puntuales. No obstante, hizo un llamado a los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta para que enriquezca el plan para combatir la corrupción.
El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez aseveró que el país pasa por una crisis de descomposición que atraviesa a los tres poderes federales, tres órdenes de gobierno, partidos políticos y un sector muy vasto de la sociedad. Es una crisis de descomposición y de pérdida de credibilidad de las instituciones públicas, deterioro de ética, moral pública de la forma en que se desempeña el gobierno y en que se gestiona sus programas, argumentó.
Los cambios que se requieren, señaló, son profundos y que tienen que ver con la transformación de instituciones públicas, políticas económicas políticas y sociales y culturales del país, y la propuesta no avanza en esa dirección, sino que permite la centralización política. Se plantea acabar con el pacto federal que nos constituyó en una república federal representativa.
Además, la senadora Adriana Dávila Fernández, del PAN, indicó que las acciones presentadas por el Presidente para mejorar la seguridad, justicia y estado de derecho fueron presentadas en respuesta a la presión de la sociedad civil y opinión pública para esclarecer los hechos de Ayotzinapa, Guerrero.
La legisladora precisó que el Presidente de la República es el responsable de garantizar la seguridad pública de las y los mexicanos, a través de acciones contundentes para solucionar la situación del país. La propuesta dijo, contiene lineamientos que se prestan a la discrecionalidad para desaparecer a los ayuntamientos, a la autoridad más cercana a los ciudadanos. Sustituir las instituciones no es la solución, fortalecerlas sí, señaló.
Por el PRI, el senador Enrique Burgos García apuntó que el verdadero adversario; quien lanzó el reto al Estado mexicano es la delincuencia organizada.
El Ejecutivo federal envió una iniciativa al Senado, la cual se analizará con detenimiento y profundidad, sin demerito del derecho que cada quien tiene de hacer sus valoraciones, explicó. El PRI está abierto, no excluye ninguna participación, aportemos y agotemos el trámite legislativo, encaucemos nuestras diferencias en coincidir en lo fundamental, invitó.
El senador Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, reconoció y manifestó que el decálogo que presentó el presidente Enrique Peña Nieto busca el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia, y reconoció que en su grupo parlamentario se trabajará y respaldará al Presidente para resolver los problemas, a través del diálogo, las instituciones y el respeto pleno al Estado de derecho.
Del PRD, el senador Armando Ríos Piter precisó que hay muchas personas que creen que el país tiene un futuro diferente, alejado a los 10 puntos presentados por el Presidente. Destacó que se requiere que el Estado resuelva la profunda problemática que vive sin señalar culpas pues, de esa forma pareciera que no se es parte del problema. Hay que tener autocrítica y salir de la autocomplacencia, enfatizó.
Del PAN, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, recalcó que el gobierno federal atraviesa por una gran falta de credibilidad. Además, resaltó la compra de una casa a un precio muy alto y no dar información al respecto, no contribuye al fortalecimiento de la transparencia y credibilidad de las acciones de la Presidencia.
Asimismo, indicó que en el decálogo que presentó el Ejecutivo Federal no se menciona la autocrítica ni la implementación de acciones que realmente ayuden a resolver el problema de corrupción en México.
