Aunque el año pasado se dio a conocer la captura de ocho militares involucrados en la masacre de Tlatlaya donde 22 personas perdieron la vida, para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no existen elementos de prueba contra su personal.
De acuerdo con las versiones testimoniales contenidas en la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso, son contradictorias.
Como recodará, el 30 de junio de 2014, 22 personas murieron en una bodega en Tlatlaya, Estado de México.
En una primera versión, el Ejército reportó que fallecieron en un enfrentamiento con militares, pero meses después testigos declararon que los uniformados ejecutaron a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se habían rendido.
La Sedena cuestionó la versión de testigos sobrevivientes del caso Tlatlaya.
En el documento, la Sedena recuerda que en los hechos violentos participaron 22 sujetos armados contra ocho elementos castrenses, quienes, remarca, siguieron el manual de uso de la fuerza.
De acuerdo con las versiones de estas tres testigos que han sido recabadas por la CNDH y que constan en expedientes judiciales del caso, militares ultimaron a algunas de las personas que se encontraban en una bodega del municipio de Tlatlaya.
Según la investigación de la CNDH, hasta 15 de las 22 personas fallecidas ese día pudieron haber sido ejecutadas. Para la PGR, hay evidencia de que al menos ocho personas fueron ultimadas por los militares y no en un enfrentamiento.
