Las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso –PRI, PAN y PRD- aplazaron durante más de dos años la consolidación de un organismo nacional anticorrupción, encargado de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en los tres niveles de gobierno. No se ponían de acuerdo.
Enrique Peña Nieto, a través de los senadores del PRI y del PVEM, propuso reformas a nueve artículos constitucionales, a efecto de transformar el sistema de rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción; sin embargo, a dos años tres meses de su presentación, este proyecto no ha sido concretado.
La iniciativa de reforma constitucional promovida por Peña Nieto planteó originalmente la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción (organismo que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública), cuyas funciones serían prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como de cualquier particular, teniendo la facultad de atracción para conocer casos de los estados y municipios.
PAN y PRD presentaron sendas iniciativas en la materia y no fue sino hasta un año después que se logró consensar la creación de un órgano colegiado especializado en combate a la corrupción, cuya creación fue aprobada por el Senado el 13 de diciembre de 2013 y enviada entonces a la Cámara de Diputados, lugar donde los disensos han hecho imposible que el proyecto concluya su trámite legislativo.
