Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que no se trata de poner impedimentos o limitar la adquisición de deuda, sino que ahora cada entidad federativa o municipio deberá ceñirse a las leyes secundarias que establecerán las bases generales para no incurrir en endeudamiento.
Estas reformas establecen que los gobiernos estatales o municipales deberán inscribir la totalidad de su deuda en un registro público único.
Que no podrán contratar deuda para cubrir el gasto corriente, por lo que ésta sólo podrá ser destinada para inversiones públicas productivas.
Que la autorización de cualquier deuda deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los congresos locales.
Además se establece un sistema de alertas, se prohíbe contratar deuda en el último trimestre de gobierno y se obliga a las autoridades locales a liquidar las obligaciones a corto plazo en los últimos tres meses de ejercicio.
Ricardo Anaya, coordinador PAN, indicó que el objetivo principal es de control, para poner un alto a este abuso de los gobernadores y de los alcaldes de la deuda pública que ha crecido casi 400 por ciento en la última década; segundo, transparencia, para que todos los ciudadanos podamos conocer con exactitud qué deuda contrata.
Superadas las diferencias, fueron aprobadas las reformas por 350 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones.
