Barack Obama, emitió un decreto en el que declara a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional, e impuso sanciones a siete funcionarios venezolanos además de expresar su preocupación por el tratamiento que da el gobierno de Caracas a sus opositores.
Los funcionarios sancionados son el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central Antonio Benavides Torres; el director de la policía política Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton.
La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes el año pasado.
La lista de sancionados la completan el director de la Policía Nacional Bolivariana Manuel Pérez Urdaneta, el comandante de la 31 brigada armada del Ejército Manuel Bernal Martínez y el Inspector General de las Fuerzas Armadas Miguel Vivas Landino.
Las sanciones ocurren apenas días después de que Venezuela diera a Estados Unidos dos semanas para reducir su representación diplomática a un 20% de su tamaño actual.
