Estados Unidos y Venezuela plantearon sus respectivos argumentos a los países del hemisferio, agrupados en la Organización de Estados Americanos.
Caracas insiste en que las sanciones impuestas por Estados Unidos el pasado 9 de marzo contra siete altos funcionarios del Gobierno, acusados de violar derechos humanos en su país, constituyen la antesala a una invasión militar.
Washington responde que, siendo el principal socio comercial de Venezuela, no tiene ninguna intención de desestabilizar o derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino la de proteger su sistema financiero del dinero venezolano malhabido.
El careo entre los representantes de Estados Unidos y Venezuela ocurrió durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington para abordar el empeoramiento de la ya tensa relación diplomática entre ambos países.
Aunque los negocios bilaterales gozan aún de excelente salud, las sanciones contra seis generales y una fiscal venezolana involucrados en la represión y encausamiento penal de quienes participaron en las protestas antigubernamentales de febrero de 2014, ha inflamado el discurso “antiimperialista del gobierno chavista. Este nuevo desencuentro también ha reavivado las diferencias entre Estados Unidos y los aliados latinoamericanos de Maduro, que han cerrado filas en torno a él y suscriben sus denuncias sobre un inminente golpe de Estado.
La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, para decir que las medidas adoptadas por EEUU tienen como fin verdadero desconocer al presidente Nicolás Maduro y tratar de apoderarse de la mayor reserva de petróleo del mundo que está en territorio venezolano. “La historia ha demostrado que la aplicación de leyes de esta naturaleza, cuando han emanado de la administración del gobierno de los Estados Unidos de América, suelen preceder intervenciones militares y por eso hemos venido a esta organización a alertar”, dijo la canciller.
“Pero no solamente intervenciones militares, sino agresiones de otro tipo como bloqueo financiero, comercial, económico, como el que ha sufrido durante más de cincuenta años el pueblo hermano de Cuba”, agregó.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Michael J. Fitzpatrick, salió al paso a los señalamientos de la canciller venezolana explicando que sanciones similares habían sido adoptadas en el pasado contra individuos de otros países del hemisferio, como México y Colombia, sin que esto se tradujera “en el preludio a una invasión”.
“Estados Unidos no está preparando una invasión militar, no quiere desestabilizar ni derrocar al gobierno de Maduro. No estamos participando en una conspiración internacional para perjudicar a la economía o al pueblo venezolano”, subrayó Fitzpatrick. “Somos el socio comercial más grande de Venezuela. Simplemente queremos evitar que venezolanos individuales, que consideramos han violado los derechos humanos de otros venezolanos, vengan a Estados Unidos o inviertan su dinero en nuestro sistema financiero”, agregó el embajador.
“El gobierno de EEUU no quiere socavar ni el gobierno ni la economía de Venezuela”, reiteró el diplomático. “Queremos ver a una Venezuela próspera, en camino a una plena democracia. Queremos que los venezolanos en el gobierno y en la oposición resuelvan de manera constructiva sus problemas económicos (…) EEUU no creó los problemas políticos y económicos que ahora enfrenta Venezuela y nosotros no podemos resolverlos, solo los venezolanos pueden hacerlo”.
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, intervino para decir que acepta la explicación de Washington acerca de que no pretende invadir Venezuela ni causar algún otro efecto fuera de su territorio con el decreto de Obama. Pero sí señaló que “no cabe duda de que en una región como la nuestra no es común que un país sea declarado amenaza a la seguridad de otro”.
