Luego de un intenso debate y tres sesiones de discusión, el arraigo en casos de delitos graves fue finalmente avalado por la mayoría de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Una gran parte de los ministros reconocieron que dicha figura jurídica, que permite a la PGR solicitar a un juez el arraigo hasta por 40 días del sospechoso en delitos federales graves, restringe gravemente la libertad de las personas y puede llegar a atentar contra los derechos humanos.
Hubo quienes admitieron no simpatizar con el uso del arraigo, el cual fue defendido por el ministro Eduardo Medina Mora, pero lo consideraron necesario para así abonar al derecho de las víctimas a la justicia.
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