Human Rights Watch consideró que México debe intensificar sus esfuerzos por asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente las “gravísimas” violaciones de derechos humanos y denunció que el gobierno resta importancia a las desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales que predominan en el país.
En una carta enviada a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, identificó medidas que debería adoptar para dar cumplimiento a su compromiso en la defensa de los derechos humanos.
Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch agregó que “La nueva Procuradora General de la República está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores”.
La organización dijo que el gobierno mexicano se ha esmerado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos que se vive en el país y añadió que “para resolverla – la crisis – han sido absolutamente insuficientes”.
El grupo con sede en Nueva York enumerando los pasos que PGR y su titular deberían tomar para que se investiguen y sancionen las violaciones a los derechos humanos.
Según Human Rights Watch, incluyen trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial en casos de desapariciones forzadas creada por el gobierno cuenta con suficiente personal y recursos para llevar a cabo investigaciones.
Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México, observó HRW y se refirió a las conclusiones de varios de sus propios informes, así como a informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de múltiples organismos de derechos humanos de la ONU. La regla es que estos abusos queden impunes.
Detalló que en lugar de reconocer la magnitud de los abusos que ocurren en el país, “la respuesta del gobierno mexicano al informe de la ONU sobre tortura fue un ataque injustificado e innecesario a un jurista ampliamente respetado”, expresó Wilkinson.
El director gerente para las Américas de HRW detalló que la nueva procuradora general ha reconocido su obligación de abordar estos delitos, pero “aún está por verse si está dispuesta a hacer lo necesario para garantizar que estos delitos sean investigados de forma exhaustiva y que los responsables sean finalmente llevados ante la justicia”.
