Aunque Roxana Baldetti apeló la resolución de la Corte que autorizó al Congreso a evaluar si existen pruebas suficientes para despojarla de su inmunidad, el legislativo conformó la comisión que analizará su caso y eligió como titular de ese cuerpo a Salvador Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Lider), hermano del candidato presidencial de esa fuerza para las elecciones de septiembre, Manuel Baldizón.
Para empeorar su situación, el Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Industriales, Comerciales y Financieras (Cacif), la principal entidad empresaria del país, pidió su renuncia “en aras de la gobernabilidad y la transparencia y con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad”.
Para la organización, la salida de la vicepresidenta del cargo “permitiría asegurar un curso independiente de la investigación judicial, y en el caso particular de esta funcionaria, aclarar cualquier señalamiento que se le haya efectuado en este u otros casos”.
En los últimos días la capital guatemalteca y otras ciudades importantes del país fueron escenario de manifestaciones, algunas espontáneas, convocadas por redes sociales, en repudio a la corrupción y en reclamo de la renuncia de Baldetti y Pérez.
El origen del escándalo es que el secretario privado de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón, fue acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de ser el principal cabecilla de la red criminal que defraudó al Estado una cifra millonaria, no precisada, mediante operaciones en las aduanas y puertos.
Monzón acompañaba a Baldetti en un viaje por Seúl cuando la Cicig develó los hechos y capturó a otros 22 implicados en Guatemala. Ahora el ex funcionario está prófugo, lo que genera dudas con respecto a la vinculación de Baldetti.
Por esta crisis, el oficialista Partido Patriota (PP) sufrió la renuncia de su candidato presidencial, el ex ministro Alejandro Sinibaldi, poco antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializara su llamado a las elecciones de septiembre.
La Corte dio curso a tramitar la denuncia de corrupción contra Baldetti, que había sido presentada el 24 de abril por los partidos Winaq y Unidad Revolucionara Nacional Guatemalteca (URNG).
Baldetti cuestionó a través de su abogado, Mario René Cano, la decisión de la Corte Suprema, con un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica guatemalteca. “Se está violando el debido proceso y la presunción de inocencia de la vicepresidenta”, dijo a los periodistas el jurista.
