En 16 entidades federativas no se respeta el derecho de acceso a la información de los mexicanos, ya sea porque no cuentan con unidades de transparencia, no contempla como sujetos obligados a dar información a todas las entidades de gobierno o porque simplemente no responden a las solicitudes que hace la ciudadanía.
Las leyes reprobadas y con las peores calificaciones son: Hidalgo (4.5), Baja California Sur (4.7), Yucatán (4.9), Querétaro (4.9), Campeche (4.9), Guanajuato (4.9), Tamaulipas (5.1), Sinaloa (5.1), Estado de México (5.1), Quintana Roo (5.2), Chiapas (5.4), Tabasco (5.5), Sonora (5.6), Aguascalientes (5.6), San Luis Potosí (5.9) y Baja California (5.9).
El 50 por ciento de las leyes estatales están reprobadas y tienen grandes rezagos en materia de transparencia a pesar de que han sido reformadas en los últimos años, de acuerdo con los resultados de 2015 del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) que realiza la organización Fundar.
Este lunes 4 de mayo se promulgó la Ley General de Transparencia (LGT). Por los que las entidades federativas y la federación tendrán hasta un año a partir de la entrada en vigor para homologar sus leyes, es decir hasta mayo de 2016. Fundar mencionó que el mayor reto de esta Ley en Transparencia está en las entidades federativas.
Las mejores leyes que fueron aprobadas están la del Distrito Federal y la de Coahuila, esta última, la mejor evaluada. En contraparte, los peores evaluados fueron Hidalgo, Baja California Sur, Yucatán, Querétaro y Campeche.
Según el IDAIM 2015, a la fecha sólo nueve leyes estatales cumplen con la reforma constitucional en materia de transparencia del 2007.
El Índice del Derecho de Acceso a la Información en México propuso reconocer el Derecho de acceso a la información como un derecho humano.
También exigió establecer sanciones cuando esto no suceda y facultar al órgano garante para que resuelva la generación de información cuando corresponda con la obligación del sujeto obligado. Estas medidas son fundamentales para asegurar que las autoridades documenten sus acciones y puedan dar cuenta de ellas con fundamentos legales.
