Ricardo Antonio Bucio Mujica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo que la fianza impuesta a los jornaleros de San Quintín de 7 millones de pesos, no es “ni racional, ni proporcional”.
El funcionario dijo que una fianza como la impuesta a los trabajadores agrícolas “debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional”, agregó al señalar que hay mecanismos judiciales para que pueda reconsiderarse.
Ayer, un juzgado del Poder Judicial del estado en el municipio de Ensenada, Baja California, estableció una fianza de 7 millones de pesos para cada uno de los tres jornaleros acusados de realizar destrozos en la colonia La Triqui al sur de esa localidad el pasado sábado.
Bucio Mújica recordó que la Ley Federal para Prevenir y Combatir la discriminación indica que los actos de discriminación cuando se califican no son objetivos, no son racionales y no son proporcionales.
Explicó que el Conapred no puede intervenir en el caso porque hay una queja abierta por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Por ello es que se ha dialogado con este organismo autónomo y se le ha ofrecido el apoyo necesario si hay discriminación.
También manifestó que los jornaleros viven una discriminación múltiple, pues casi todos son indígenas que están fuera de su territorio, no tienen igualdad de condiciones para negociar con los empleadores, y otras situaciones de vulnerabilidad que los pone en mayor riesgo.
Afirmó que que las autoridades federales y locales tienen la responsabilidad de impulsar y lograr hacer un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.
