Archuleta transmitió al presidente Barack Obama su decisión de renunciar para permitir que un sucesor asuma la conducción de las oficinas, que en este caso será la vicedirectora de gestión de la entidad, Beth Cobert.
Entre los afectados por el ciberataque hay empleados del gobierno, contratistas civiles y sus familias y amigos.
Los hackers lograron tener acceso a domicilios, números de seguridad, fechas de nacimiento, teléfonos y, en parte, también a huellas digitales, entre otras informaciones.
El director del Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, opinó que la base obtenida era una “mina de información” sobre todas las personas que trabajan, trabajaron o se presentaron a algún puesto ofrecido por el gobierno estadounidense.
En el primer ataque, lanzado según la sospecha de los investigadores por chinos, los hackers tuvieron acceso a datos personales de 4,2 millones de empleados o ex empleados públicos.
Al investigarse este caso se detectó un segundo ataque a principios de junio que, al parecer, fue de mayor envergadura.
La dimisión de Archuleta era exigida por miembros del Parlamento al conocerse el primer ataque pero al revelarse ayer datos sobre el segundo ciberataque, la presión para lograr la salida de Archuleta, que ocupaba el cargo desde hace sólo un año, fue en aumento.
La decisión de cambio fue bienvenida por varios senadores y diputados.
