El Gobierno del Estado de Baja California mantiene tratos con la empresa italiana dedicada al diseño de programación digital para el espionaje, documentos demuestran que ellos tienen una cuenta activa por varios millones de pesos.
La empresa que contrató el Gobierno del Estado realizó pagos millonarios para la adquisición de un sofisticado programa de espionaje, el cual el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, niega.
La Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California, dirigida por Antonio Valladolid Rodríguez, aparece en listas y documentos que hasta hace días se mantuvieron en la confidencialidad de Hacking Team, revelando montos, detalles, negociaciones y empresas intermediarias sobre el programa que ha sido utilizado en otros países para espiar y amenazar a abogados, periodistas, así como a defensores de los Derechos Humanos, políticos y funcionarios varios.
En correos electrónicos se confirma la participación de una empresa intermediaria radicada en Tijuana, además, la correspondencia evidencia el contacto personal con Valladolid y solicitudes de oficios enviados a Lorero Quintero, oficial mayor del Gobierno del Estado. De tal forma se estaría revelando un caso de ilegalidad institucional, un hecho delictivo contemplado no solamente en la Constitución Política de México, sino en tratados internacionales a los que el país reconoce.
