Organizaciones civiles proponen al gobierno federal legislar la “colaboración eficaz” de delincuentes, como alternativa para esclarecer el destino de personas desaparecidas.
La propuesta consiste en negociar con los criminales para que den información útil a cambio de reducción de penas.
“Se trata de darle facultades al Ministerio Público para que pueda negociar, en algunos casos, con personas que saben en dónde están los desaparecidos”, señaló Juan Carlos Gutiérrez, del grupo Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, al término de una reunión en la Secretaría de Gobernación.
El subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa Cifrián, se reunió esta mañana con representantes de organismos civiles para analizar el proyecto de la “Ley general para la búsqueda de personas no localizadas y la prevención y sanción del delito de desaparición forzada”. Tras la promulgación de la reforma constitucional en la materia, se fijó un plazo de seis meses para emitir la ley correspondiente; este lapso concluye el 10 de enero del año entrante.
Los grupos civiles insistieron en que en este proceso de confección de la ley es fundamental la participación de las familias de personas no localizadas o víctimas de desaparición forzada.
