La organización de derechos humanos Tlachinollan presentó aquí su 21 informe de labores dedicado a la tragedia de Iguala-Ayotzinapa, que cambió la vida de las 43 familias de los muchachos desaparecidos y los tres caídos, pero que también transformó la naturaleza de esta institución.
La exigencia de justicia y verdad de estas familias que perdieron a los hijos que querían ser maestros de campesinos pobres es ya el ejemplo más nítido de lucha desde abajo que enfrenta a un poder impune, dijo Barrera; un movimiento que ha desnudado la realidad de este país, donde pactan gobernantes, militares y delincuencia organizada.
En el 21 aniversario de Tlachinollan se lanzó su informe “Desde las trincheras de Ayotzinapa, la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo”. “Queda claro que los crímenes del 26 de septiembre no fueron un hecho aislado, por el contrario, existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales y en específico a Ayotzinapa”, asienta el reporte.
También sostiene que revisar la actuación de las autoridades en la investigación del caso Ayotzinapa permite entender el carácter sistémico de la impunidad en México, ayuda a ubicar con mayor precisión dónde nacen y crecen las grietas de la verdad oficial. Y brinda la ocasión de desatar una vez más la digna lucha que desde hace casi un año emprendieron.
Entre los cuestionamientos que plantea, el informe de Tlachinollan enlista: falta de certeza científica en la “verdad” oficial; la PGR no aclara cómo se explica su teoría del asesinato de Julio César Mondragón (el joven que fue mutilado; no ha iniciado un solo juicio penal por delito de desaparición forzosa; no se ha indagado la responsabilidad del ejército; no se han investigando los circuitos de corrupción y connivencia con el narcotráfico de la clase política guerrerense.
