Humberto de la Calle, por el Gobierno colombiano, e Iván Márquez (alias Luciano Marín Arango) por parte de la guerrilla (FARC), fueron quienes firmaron el documento de acuerdo. El acuerdo sobre justicia anunciado contempla entre otras cosas una amnistía para delitos políticos, la creación de un tribunal especial para la paz, y establece que la guerrilla deberá entregar las armas en un plazo de 60 días tras la firma del acuerdo definitivo.
Esto es uno de los avances más importantes logrados en el proceso de paz que ha permitido a las partes plantearse la firma de un acuerdo de paz definitivo en un plazo de seis meses, según adelantó Santos.
La justicia transicional, el aspecto sobre el cual se ha llegado a un consenso, es un mecanismo que permite procesar a responsables de delitos durante el conflicto armado colombiano, sin caer en la impunidad. También estuvieron presentes todos los integrantes de las delegaciones de paz, así como los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes Venezuela y Chile; todos ellos con camisa o guayabera blanca.
El Estado de Colombia otorgará la amnistía “más amplia posible” para los delitos políticos, pero dejará fuera los crímenes que la legislación nacional tipifique como de lesa humanidad, genocidio o graves crímenes de guerra, según un acuerdo alcanzado por el Gobierno y las FARC.
Entre los delitos que quedarán fuera de ese indulto también figuran otros actos graves como la toma de rehenes, privaciones graves de la libertad o la tortura, según el comunicado conjunto sobre el acuerdo que leyeron en La Habana los representantes de los países garantes Cuba y Noruega. También quedarán fuera de la amnistía crímenes como el desplazamiento forzado, desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. “Esos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la jurisdicción especial para la paz”, que las partes han acordado y que facilita el camino a un acuerdo de paz, que esperan firmar en un plazo de seis meses.
Ese acuerdo establecerá un tribunal especial y condenas que no serían pagadas con cárcel por los guerrilleros sino en colonias agrícolas, además de su participación en programas de desminado y en comisiones de la verdad.
Para el Gobierno colombiano, llegar a un acuerdo de justicia transicional es una de las mejores noticias que podría recibir Colombia en el último medio siglo y una de las más importantes de la historia del país. “La justicia es el meollo de las negociaciones de paz y, con un acuerdo en el tema, el sueño de construir un país en paz se empieza a convertir en una realidad”, afirma el Gobierno.
