El Estado mexicano acordó la instalación de una mesa de trabajo para atender la resolución del Comité contra la Tortura de la ONU, respecto a la responsabilidad por torturas cometidas por militares en contra de cuatro personas en Baja California en 2009.
Las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República informaron que la resolución de esa instancia es consistente con la recomendación 33/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El Comité de la ONU recomienda a las autoridades mexicanas la liberación de cuatro acusados, quienes actualmente se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social No 4, en Tepic, Nayarit, acusados por secuestro. En los hechos ocurridos en 2009, los implicados son Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez.
Por ello insta a “iniciar una investigación exhaustiva sobre la tortura a la que fueron sometidos y procesar, juzgar y castigar a los responsables. Conceder a las víctimas una plena reparación del daño, así como su rehabilitación”, cita el comunicado.
