La puja política entre la administración de Barack Obama y 26 estados de la nación ha dejado “en el limbo” a 5 millones de indocumentados que se beneficiarían del denominado “alivio migratorio”.
Se trata de un enfrentamiento político más en medio de una campaña presidencial que se ha caracterizado por una serie de disputas sobre el modelo migratorio que aplicará el país en los próximos años.
El anuncio frustró los anhelos de paseños como Susana Herrera –madre de dos hijos estadounidenses– quienes buscaban acogerse al programa que evitaría su deportación. “Es muy decepcionante la decisión, nos derribó las esperanzas que teníamos de poder salir de la sombra en que nos encontramos”, dijo Herrera.
La Casa Blanca pedirá a la Suprema Corte que determine la constitucionalidad de su plan para otorgarle un permiso temporal de trabajo a millones de indocumentados: básicamente aquellos que fueron traídos al país durante su infancia o los padres de ciudadanos o residentes legales.
Después de una serie de reveses sufridos por la administración Obama en la Corte, ahora existe una nueva urgencia entre funcionarios de la Casa Blanca y activistas para comenzar a aplicar el programa presidencial antes de que el presidente concluya su mandato en enero de 2017.
El dictamen disminuye aún más la posibilidad de que sea implementada la acción ejecutiva de Obama antes de que abandone el cargo en 2017, pues las apelaciones sobre la orden podrían llevarse meses.
