Con las modificaciones a la Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, la Copriscam tiene ahora nuevas facultades, entre ellas la expedición y regularización de las licencias y el control de patentes, informó su titular Santiago Rodríguez Adam, quien agregó hay 200 patentes que no se han regularizado y tienen como límite el 31 de diciembre para actualizarse y pagar sus derechos.
Lo anterior se informó en conferencia de prensa, en la que también se hizo referencia al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este miércoles, pues la Secretaría de Salud iniciará una campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, que concluye el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Sobre las nuevas atribuciones de la Copriscam, su titular comentó también que hay seis entidades en el país que aplican el Programa de Acompañamiento Preventivo, y Campeche ya pidió ser el séptimo, mediante el cual las autoridades de salud contarán con el apoyo físico de elementos de seguridad pública, de la policía federal, para hacer las verificaciones que considere no sólo en bares, restaurantes y minisúper que expenden bebidas embriagantes, sino en todos aquellos lugares que así lo considere.
Para ello, indicó que previamente deben firmar el acuerdo correspondiente la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Contraloría, con la participación del Gobernador del Estado y del Comisionado General, por lo que estimó que éste tipo de verificaciones podrán realizarse en el mes de febrero próximo.
-Con este programa se busca que el verificador sanitario vaya acompañado de personal de la Contraloría Interna, del gobierno del Estado y evitar al máximo la corrupción y ser un gobierno transparente.
Más adelante, sobre el control y verificación de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, advirtió que quien no cumpla con la norma establecida, se hará acreedor a la multa económica, que dependerá de la gravedad de la falta y advirtió que la reincidencia, se sancionará con la cancelación de la concesión o permiso. Las sanciones económicas van de 140 a 700 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.
