Al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto firmó las iniciativas de ley, que hoy mismo enviará al Congreso de la Unión, para crear la legislación a fin de prevenir y sancionar la tortura y desaparición en el país.
Puso énfasis en que si bien en el país hay avances importantes en materia de derechos humanos, se debe reconocer que hay hechos “inaceptables” de casos de desaparición forzada y de tortura.
Tenemos que acabar con estos flagelos que atentan contra la dignidad humana y nos agravian como sociedad, señaló el jefe del Ejecutivo.
Anunció las iniciativas de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, y de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que de aprobarse ninguno de estos delitos “jamás prescribirá”.
Puntualizó que se definirán con precisión las competencias y coordinación entre los órdenes de gobierno y habrá un marco jurídico homologado para todo el país.
Y que la iniciativa en materia de desaparición de personas permitirá establecer una nueva política pública enfocada en la búsqueda y localización, para lo cual la iniciativa de ley plantea la creación de cuatro instrumentos básicos.
Un Sistema Nacional de Búsqueda, que asegure la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte a fin de dar respuesta inmediata en las horas críticas posteriores a la desaparición.
Respecto a la propuesta sobre Ley General contra la Tortura, tiene por objetivo erradicar esta práctica a fin de acabar con ella, y con otras prácticas de trato inhumano. Señaló que para ello la iniciativa propone la creación de tres instancias.
La primera son las Unidades Especializadas de Investigación, federal y estatales, la segunda es el Mecanismo Nacional de Prevención, conformado por la CNDH, los ombudsman estatales, organizaciones internacionales, académicos y expertos; y la tercera es la creación del Registro Nacional de Tortura con datos de la PGR y procuradurías locales.
