El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a 6 de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó.
La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso.
Acusan que la exoneración en el fuero militar de los acusados, confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, lo cual consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente.
