Correspondería al Tribunal Agrario Unitario (TUA) resolver el caso de los ejidatarios de Iturbide, Hopelchén, de haberse violentado los derechos del ejido y si hubiera la supuesta malversación de recursos del programa de Servicios Ambientales, pasaría a competencia de la Fiscalía General del Estado, declaró el delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Carlos Alberto Arjona Gutiérrez.
En entrevista, el funcionario federal señaló que de haber elementos que configuren algún delito en el caso del ejido Iturbide, será a través de la Fiscalía que se atienda el problema, porque “no serán las particularidades dentro del ejido las que establezcan condiciones distintas a las que marca la ley, por eso estamos con otras dependencias federales como la Comisión Nacional Forestal, convocando a los grupos a la conciliación, a llegar a un acuerdo”.
Dijo que es fundamental que haya voluntad de las partes resolver por la vía pacífica el problema generado por la presunta falta de pago de los recursos del programa de Servicios Ambientales de la Conafor.
“Pero estamos atendiendo con los amigos de la Conafor y del Gobierno del Estado, para que podamos reunirnos con ellos y plantear la mejor solución al problema, pero habrá que reunirse con los involucrados y escuchar la versión de cada quien”, indicó.
Por tal motivo, Arjona Gutiérrez insistió en que es vital establecer una mesa de diálogo, para que de ahí se tomen acuerdos, aunque si no se logra por la vía de la conciliación, entonces corresponde atenderlo al TUA, a lo cual tienen derecho los ejidatarios para demandar el cumplimiento de los derechos que hayan sido violentados por la propia asamblea de haber sido así y con la Fiscalía de existir mal manejo de los recursos públicos.
