Representantes de las 34 comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo que participan en el proceso de consulta, aseguran que la reunión de trabajo programada para el 27 de mayo pasado, se suspendió por la “falta de orden y seguridad” que señalaron ocasionó un centenar de personas del poblado de Iturbide, se presentaron para insultar, ofender y amenazar a los apicultores, sin que las autoridades intervengan.
En conferencia de prensa, encabezados por su abogada Nallely Ramírez Espinoza, Jorge Pech Martín, José Gaspar Cahuich Cahuich, María Luisa Poot Tucuch y Socorro Pech, entre otros, denunciaron la falta de medidas de seguridad no sólo en esta sino en reuniones anteriores, así como la falta de respeto a sus derechos humanos y al derecho que tienen como comunidades indígenas para hablar y exponer que continúa la siembra de soya genéticamente modificada así como el uso de químicos, por parte de personal de Cibiogem y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Afirmaron de manera categórica que las violaciones a los derechos humanos por la liberación de la soya transgénica son cada vez más graves en el estado de Campeche, y que uno de los problemas más consistentes es que las consultas no son previas, lo que ha suscitado tensiones, división y un ambiente de impunidad en sus comunidades.
Aseguraron se sigue sembrando soya transgénica y las autoridades competentes, como Senasica, no tiene capacidad para hacer las inspecciones necesarias e imponer sanciones, al tiempo que señalaron no se respeta la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que la siembra podrá hacerse una vez que la consulta termine y si los apicultores están de acuerdo en que sea así.
Se quejaron de las autoridades federales pues afirman trataron de desconocer los acuerdos del 25 de marzo del presente año, asentados en el acta firmada ese día. Además, se indicó que a pesar de solicitar la presencia de elementos de seguridad al Ayuntamiento de Hopelchén, mediante oficio, la respuesta es que no puede hacer porque no saben las fechas en que se celebrarán las reuniones, lo que desmintieron categóricamente pues afirman en las actas consta la asistencia de un representante de la Comuna.
Finalmente, pidieron a la sociedad civil, a la comunidad maya y a todos los que toman decisiones en el Gobierno, “a hacer frente para proteger nuestro patrimonio biocultural del territorio ancestral de los mayas”.
