“El Ayuntamiento de Campeche no quiso aplicar la ley en el caso de los moto repartidores de tortillas y el asunto ya se salió de control; son ya 600 los que operan en la ciudad y las consecuencias no se han hecho esperar con el cierre de tortillerías”, manifestó Javier González Baqueiro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla en Campeche.
Indicó que el acuerdo signado en el 2016 entre molineros y el Gobierno Municipal, con el que se pretendía mantener bajo control a los moto repartidores de tortillas no funcionó porque se entregaron permisos sin control alguno a quienes lo solicitaron y no se hizo a través de los industriales de la masa y la tortilla, como se determinó, con cinco por cada molino.
En improvisada rueda de prensa, señaló ya comenzó la crisis que no querían, pues inició el cierre de establecimientos y los ingresos que obtienen no permiten mantener la plantilla laboral; puso como ejemplo su caso, pues ya cerró dos tortillerías y sus ventas son de dos sacos de harina, lo que significa unos mil 500 pesos de ingresos, que se distribuyen entre el pago a empleados, pago de impuestos, pago de energía eléctrica y del insumo básico.
González Baqueiro añadió que de los 150 tortilleros que hay en la agrupación que representa, la gran mayoría cumple con los acuerdos tomados con el Ayuntamiento, no así la Comuna, que se niega a aplicar la ley.
De igual manera indicó que desde la salida del delegado en Campeche de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no se hacen operativos para detectar a los moto repartidores que no tienen permiso y eso les da campo libre para vender sin que nadie intervenga, situación que se hace extensiva a los pequeños tendajones, que expenden el alimento sin permiso alguno.