Luego de señalar que el Sistema electoral mexicano está construido sobre la base de una desconfianza histórica de la sociedad en los actores políticos y en el desempeño de sus autoridades electorales, por lo que una de las conclusiones del proceso electoral pasado es hacer nuevas adecuaciones en el marco legal vigente, Carlos Huitz Gutiérrez, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, puntualizó que la actividad jurisdiccional es la piedra angular del trabajo institucional del cuerpo colegiado que preside, labor que se refleja en la efectividad de sus sentencias del orden del 93 por ciento.
Lo anterior durante la lectura de una síntesis que hizo del trabajo realizado por los Magistrados que lo integran y el personal a su cargo, correspondiente al periodo del 2017-2018, en presencia de representantes de instituciones como el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cotaipec), de autoridades electorales e invitados de los estados de Tabasco y Veracruz, entre otros reunidos en la Sala de Sesiones del Tribunal.
Huitz Gutiérrez recordó que en el proceso electoral que concluyó en septiembre pasado, se disputaron 308 cargos. En este proceso, ese cuerpo colegiado recibió y resolvió 96 medios de impugnación, entre ellos recursos de apelación, de inconformidad, para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Campechano, expedientes re-turnados, que se derivaron de Procedimientos Especiales Sacionadores, entre otros.
-Este Tribunal alcanzó una efectividad en la emisión de sus sentencias del 93 por ciento de manera general, tomando en cuenta que el 7 por ciento de sus resoluciones fueron revocadas por la instancia superior, la Sala Regional Xalapa.
Agregó que en la etapa de resultados electorales y declaraciones de valides de las elecciones, el 79 por ciento del total de las elecciones, tanto legislativas como municipales “quedaron firmes con los resultados alcanzados y las declaraciones de validez emitidas por las autoridades electorales, por lo que solo un 21 por ciento de los resultados fueron impugnados, mediante 17 juicios de inconformidad y 9 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano campechano.
Más adelante, destacó aspectos especiales del proceso electoral, como es la paridad horizontal a favor de las candidatas registradas en los Ayuntamientos del Estado, la reelección de autoridades municipales y el protocolo para prevenir la violencia política en contra de la mujer, entre otros casos relevantes.
-Por ello insistimos en que mientras la legislación estatal en aquellos casos en que se cuenta con la libertad configurativa, establezca con mayor amplitud, claridad y sustento constitucional las disposiciones necesarias a cada una de estas instituciones o figuras político–electorales, menos espacios habrá para la discrecionalidad en la actuación de los actores políticos.
-Una mayor judicialización de los resultados representa un avance democrático no solo de las instituciones electorales y de la labor legislativa en lo general, sino esencialmente en la calidad de la actuación y en el apego a la normatividad por parte de los partidos políticos, candidatos y ciudadanos.